En 1929, el DFL 5200 estableció la obligación de que los departamentos de Estado ingresaran anualmente al Archivo Nacional todos aquellos documentos que hubieran cumplido cinco años de antigüedad. Sin embargo, en 1988, poco antes de finalizar la dictadura cívico-militar, la Junta de Gobierno modificó este cuerpo legal, eximiendo de dicha responsabilidad al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas y de Orden, cuya documentación, por el contrario, ordenaba eliminar luego de un cierto plazo. Así, mediante una maniobra legal ejecutada in extremis, las autoridades dictatoriales procuraron borrar para siempre las huellas de su acción represiva.
Pese a los esfuerzos por perpetuar este “silencio documental”, con el tiempo se han ido produciendo grietas que permiten entrever el horror de la represión en toda su magnitud. Ejemplo de ello es un conjunto de documentos pertenecientes al Fondo Ministerio de Justicia del Archivo Nacional de la Administración (Arnad), el cual reúne decenas de oficios emanados de dicha cartera en 1976. En muchos casos, los expedientes contienen los intercambios completos con otras reparticiones, incluyendo a aquellas amparadas por la excepción introducida en 1988, como el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección de Inteligencia Nacional. Se trata, por tanto, de documentos excepcionales, que no debieron conservarse ni menos salir a la luz, y que forman parte de lo que se conoce como “archivos de la represión”.
Acceder a este material resulta sorprendente y revelador, en primer lugar, porque ofrece la oportunidad de acceder a las comunicaciones internas de los perpetradores en el ejercicio de sus funciones como administradores de la violencia de Estado. Además, muestra el funcionamiento de la burocracia represiva de la dictadura chilena en una dimensión a la que rara vez se tiene acceso: la de sus más altos niveles jerárquicos. Junto con lo anterior, los documentos contienen una enorme cantidad de información que resulta de vital importancia para el estudio de la represión, incluyendo datos hasta hace poco desconocidos. Especialmente relevantes son, por ejemplo, los informes surgidos a partir de la visita que el presidente de la Corte Suprema realizó al centro de detención Tres y Cuatro Álamos en mayo de 1976: estos demuestran que realidades como la tortura y la desaparición de personas fueron tempranamente conocidas por las más altas autoridades políticas de la época.
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