Durante el verano de 1907 y 1908 se llevó a cabo en Futahuillimapu –el territorio comprendido entre el río Bueno y el seno de Reloncaví– un censo de población de características inéditas. El proceso fue ordenado por la Comisión Radicadora de Indígenas, organismo estatal encargado de medir, deslindar y adjudicar tierras a esta población a través del otorgamiento de títulos de merced. La Comisión venía operando desde la década de 1880 en las provincias de Cautín y Malleco, regularizando la propiedad arrebatada por el Estado chileno a los mapuches tras la guerra de ocupación. No obstante, el apetito fiscal y un cambio en la política colonizadora aplicada en la zona llevaron a la entidad a extender su labor a Valdivia y Llanquihue a principios del siglo XX.
Los integrantes de la Comisión (dos agrimensores o “ingenieros” y un abogado) habían comprobado que contar con datos de población fidedignos era fundamental para su cometido. Sin embargo, carecían para entonces de estadísticas satisfactorias sobre los territorios donde pretendían incursionar, pues el Censo de los indios araucanos efectuado en 1907 no entregaba datos suficientemente exhaustivos. En vista de ello, el organismo diseñó un instrumento adecuado a sus propósitos, que iban mucho más allá de un interés puramente cuantitativo.
La principal dificultad de ejecutar un censo de tales características residía en la profunda desconfianza que la labor de los “ingenieros” despertaba entre indígenas y chilenos por igual. Para sortear este escollo, la Comisión decidió que el trabajo en terreno no sería realizado por funcionarios estatales, sino delegado a otros actores: los capuchinos bávaros, religiosos con varias décadas de labor misional al sur del Toltén devenidos en agentes de diálogo entre la población mapuche-huilliche y las autoridades estatales.
Los documentos de un proceso inédito
El Archivo Regional de la Araucanía conserva alrededor de 2000 fichas de empadronamiento de este proceso –aunque seguramente se completaron muchas más–. Los papeles contienen valiosos datos sobre parentesco, reclamos de propiedades, recursos materiales y producción agrícola y ganadera de familias indígenas. Es decir, contribuyen a la comprensión del estado económico y social en que se hallaba la población mapuche-huilliche de entonces, y al análisis crítico del proceso de expoliación sistemática que configuró el Futahuillimapu actual.
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